Las promesas divinas de Piñera y el pre candidato Lavín
Por Andrés Figueroa Cornejo
La diferencia realmente sustantiva entre la cuenta política de Sebastián Piñera y las de la Concertación, estuvo en la permanente encomienda a Dios respecto de sus promesas, proyectos y deseos discurseados durante casi dos horas en el Congreso Nacional. Incluso Piñera miró un par de veces hacia el cielo, para que no cupieran dudas, y el Cardenal Francisco Javier Errázuriz declaró que “Voy a rezar para que (las promesas) se hagan realidad”.
A 10 semanas de gobierno, y en un contexto de alta incertidumbre por la crisis económica mundial y los efectos de terremoto- maremoto, el Presidente se atrevió a profetizar que “Antes de que termine la década (2020) Chile será un país desarrollado y superará la pobreza”. Sus palabras retumban pirotécnicamente en uno de los países más desiguales del mundo, con un desempleo real de un 18 %; donde los derechos sociales son piezas de museo; la economía es extraordinariamente dependiente de los bloques dominantes del planeta, y es presa del precio oscilante del cobre. Ningún país desarrollado carece de industria como Chile, el cual vive, básicamente, de la exportación de recursos naturales pobremente elaborados.
En su alocución, Piñera se concentró en la reconstrucción post sismo, la lucha contra la delincuencia y la educación. Sobre la reconstrucción, relevó el impuesto enano, acotado temporalmente, y que ofrece beneficios tributarios a los grandes capitales de Primera Categoría; el impuesto al tabaco; la Ley de Donaciones –que se convierten en crédito para los “benefactores”; y en materia de obras públicas (como carreteras y hospitales destruidos), la concesión a constructoras privadas (según el senador Juan Pablo Letelier, se trataría de 7 empresas transnacionales a cargo). Respecto de la delincuencia, el mandatario fue tajante. Habló de brazaletes electrónicos para los reos peligrosos en libertad, registros públicos para el conocimiento de los malhechores, superiores penas contra quienes cuestionen la autoridad policial, y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con 10 mil carabineros y un millar de agentes de investigaciones más. Cuando se refirió a la delincuencia, Piñera hizo una inquietante mención a la tradicional conmemoración del Día del Trabajador. En relación a la enseñanza, Piñera planteó la “Revolución Educacional”. Dijo que la educación chilena, si bien tiene buena cobertura, es “de baja calidad y equidad” y que reproduce las desigualdades “de generación en generación”. Entonces manifestó, entre otras medidas, que en los próximos años se aumentará la subvención escolar (que hoy por alumno es de $ 38 mil pesos / 69 dólares); en los barrios más pobres se ampliará hasta las 20:00 hrs. la JEC; que fundaciones y empresas podrán apoyar a las escuelas vulnerables; se construirá una nueva carrera docente; habrá más disciplina escolar; y que profesionales no pedagogos podrán hacer clases. El UDI, Joaquín Lavín es jefe de la cartera de Educación, un sitio estratégico del gobierno para probar la pericia del ex candidato a la presidencia que estuvo a punto de ganarle a Ricardo Lagos el 2000. Considerando que, tanto la fracción UDI de la derecha tradicional va a exigir su turno en las próximas elecciones de 2013, como el acento, los recursos y proyectos de Piñera orientados al Ministerio de Educación, es posible hipotetizar que el futuro candidato del sector será el propio Joaquín Lavín.
En otros ámbitos sociales, Sebastián Piñera, luego de años en carpeta, prometió que el 7 % que se le cobra a las personas de tercera edad para salud, disminuirá gradualmente. También señaló que, en el tiempo, espera llegar a un Ingreso Ético Familiar de $ 250 mil pesos (454 dólares) para familias de 5 personas, en un Chile donde una renta habitacional promedio es de $ 100 mil pesos, y una canasta familiar que incluye alimentos, trasporte, servicios básicos (electricidad, calefacción y agua potable), educación, salud y recreación supera largamente la cifra comprometida. También el jefe del Ejecutivo dijo que creará un Ministerio de Desarrollo Social “para paliar las desigualdades excesivas”. Sobre salud, Piñera reconoció la saturación del sistema sanitario público (casi 700 mil personas están en listas de espera o no reciben atención) para lo cual planea subvencionar la salud privada. En rigor, tanto en las áreas de la educación, la salud y la seguridad social, el gobierno profundizará las privatizaciones de los servicios y derechos sociales en curso. Asimismo, recordó los bonos helicópteros de $ 40 mil pesos por carga familiar entregados en marzo a los más pobres, y de $ 100 mil pesos para que “los damnificados del terremoto arreglen sus viviendas.”
Laboralmente, Piñera se limitó a anunciar que el simbólico seguro de cesantía existente se extenderá de 5 a 7 meses; capacitaciones con beneficio a los empleadores; y un “nuevo trato” con las Pymes (que concentran al 80 % de los trabajadores), beneficiando a aquellas que reinviertan sus utilidades, y cobrando la mitad de lo que cuesta crear una empresa con el objetivo de reparar “las 100 mil empresas perdidas en los últimos 10 años”. También afirmó que hará escuelas sindicales (en la línea de consolidar la “paz social” y la colaboración entre dueños y asalariados). Nada dijo de salario mínimo, de negociación colectiva, de derecho a huelga, de subcontratismo, de precarización del empleo, de distribución de parte de las utilidades, de relaciones contractuales más estables, de la “ley de semana corrida”, de horarios y turnos, ni de prácticas antisindicales.
En términos del sistema electoral, el Presidente indicó que “la democracia está perdiendo fuerza” y que la mitad de la población no vota. Para enmendar la crisis de representatividad propuso la inscripción automática y voluntaria; el derecho a sufragio a los chilenos en el extranjero; y que las segundas vueltas electorales no coincidan con las fiestas de fin de año (!).
En relación a la defensa nacional, aseguró que hay que potenciar la capacidad disuasiva de las FF.AA (Chile es unos de los países del Continente que más gasta en ese ítem), y que resucitará la extinta Ley de Reservada del Cobre (que establecía la entrega del 10% de las ventas de Codelco a las ramas castrenses), pero con otro nombre.
En su discurso, sobre el pueblo-nación mapuche mencionó a la carrera un llamado Plan Araucanía. Por otro lado, anunció la creación de un Ministerio del Medioambiente; la promoción del Instituto de DDHH; y su especial atención a la clase media.
Mientras fuera del Congreso se realizaban protestas de trabajadores y estudiantes, Piñera soslayó graciosamente su política de privatización de la estatal Codelco (que posee el 28 % de la propiedad del metal rojo), que comenzó con la privatización de actividades esenciales (el suministro de energía eléctrica, fundamental en la explotación del cobre), y silenció sus pretensiones de privatizar los ricos yacimientos de Codelco que aún no están siendo explotados. Al respecto, los nuevos nombramientos del Presidente en Codelco tienen en común haber participado activamente en la desnacionalización del cobre. Diego Hernández fue nombrado Presidente de Codelco. Antes de su titularidad era un alto ejecutivo de BHP y de la Minera Escondida (transnacionales gigantes), y antes condujo varias mineras extranjeras. También Sebastián Piñera nombró a Juan Luis Ossa Bulnes como miembro del Directorio de Codelco, quien apoyó directamente a José Piñera (hermano de Sebastián) a inicios de los 80’, cuando José era Ministro de Minería de la Dictadura, en la creación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que entregó gratuitamente en propiedad privada los yacimientos.
La cuenta política estuvo llena de lugares comunes, salidas populistas, filosofía de cuneta y un discurso fundado en la unidad nacional y la colaboración de clases. Piñera hizo un relato para el gran público, a veces liberal, siempre conservador; a veces caritativo y con aroma a sensibilidad social, y siempre patronal. La retórica asociada al ideario democratacristiano recorrió todos sus argumentos, bien combinada con la continuidad y profundización del capitalismo brutal cuyo derrotero ya había sido pavimentado por la Concertación durante 20 años y que todavía gobierna las relaciones sociales de la vida en Chile.
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